Ante el reciente anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la posible nacionalización de autos indocumentados – una polémica vigente desde el año pasado – expongo este análisis basado en información confiable obtenida mediante inteligencia artificial.

Según datos del INE, al cierre de 2025 el parque automotor registrado en Bolivia alcanzó los 2.672.176 vehículos. Sin embargo, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) estima que circulan entre 1,4 y 1,5 millones de vehículos indocumentados, lo que eleva el total de vehículos en funcionamiento a aproximadamente 4,2 millones.

De acuerdo con YPFB, actualmente se requieren entre 2.600 y 3.000 millones de dólares anuales para importar gasolina y diésel, ya que se requiere cerca del 86% del diésel y el 56% de la gasolina consumidos, debido a la caída de la producción nacional. Este nivel de importaciones ejerce una fuerte presión sobre las divisas y las reservas del Banco Central de Bolivia, lo que ha motivado recientes ajustes y medidas gubernamentales en los precios de los combustibles. El Decreto Supremo 5683, por ejemplo, elevó de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto que el Tesoro General de la Nación debe asignar a YPFB para cubrir la subvención de combustibles.

Si asumimos, bajo un escenario pesimista, que solo el 50% de los vehículos indocumentados (aproximadamente 725.000) se nacionalicen y comiencen a demandar combustible subvencionado, esto generaría un impacto negativo adicional de alrededor de 540 millones de bolivianos en subvenciones. Además, implicaría la necesidad de destinar otros 800 millones de dólares para cubrir el valor de la importación anual de combustibles en las condiciones actuales. Estas cifras representan una seria preocupación para la economía nacional.

El tributo por nacionalizar o importar legalmente un vehículo en Bolivia equivale aproximadamente al 43% del valor CIF del motorizado (GA: 10%, ICE: 5%, IVA: 14,94% más el GA y el ICE). Actualmente, no existe una ley de amnistía o nacionalización vigente, por lo que la única vía regular sería la importación legal bajo estos porcentajes.

El Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVAT) varía según la marca, modelo, año de fabricación, cilindrada, tipo de vehículo y la valuación establecida por cada municipio. Por ejemplo, para autos nuevos o vagonetas de entrada en ciudades como La Paz, el impuesto del primer año suele oscilar en torno a 1.700 bolivianos, disminuyendo progresivamente hasta un promedio de 300 bolivianos conforme avanza la antigüedad del vehículo.

Desde la perspectiva de los posibles beneficios económicos, si se nacionalizaran 725.000 vehículos indocumentados con un valor promedio de base imponible de 5.000 dólares por unidad, se podría recaudar cerca de 1.500 millones de dólares en impuestos, aunque solo por una vez. Esto contrasta con los más de 540 millones de bolivianos de egresos anuales que implicaría la creciente subvención de combustibles.

En cuanto a los ingresos tributarios para los municipios, se estima un monto de 725 millones de bolivianos al año, de los cuales más del 70% corresponderían a las ciudades capitales del eje troncal, beneficiando escasamente a los municipios más necesitados. 

Si bien los cálculos numéricos tienen validez relativa, es importante considerar otros aspectos negativos de esta política:

• Los vehículos legalmente registrados sufrirían una caída en su valor de mercado, afectando el patrimonio de quienes cumplen con las normas
• Se premiaría el mercado ilegal y se estimularían futuras redes de contrabando.
• Aumentaría el tráfico y la congestión en las ciudades, agravando los problemas de transporte.
• Se perjudicaría a los importadores formales y al comercio establecido, poniendo en riesgo fuentes de empleo.
• Podrían surgir tensiones diplomáticas por la regularización de estos vehículos, provocando incidentes fronterizos y reclamos de países.
• Finalmente, la imagen del país se vería afectada al legalizar lo ilegal.